El sistema universitario se convertirá en un arduo campo de batalla en los próximos meses si el Ministerio de Educación no logra consensuar con los distintos actores, colocados ahora en veredas opuestas, sus propuestas de reformas a la educación terciaria. La sesión especial que se realizó en la Comisión de Educación logró bajar el tono de la polémica, pero las aguas siguen intranquilas.
Tensiones que se arrastran por casi tres décadas, definiciones postergadas sobre lo público y lo privado, además de visiones contrapuestas entre quienes conciben la universidad desde las sagradas alturas de la acrópolis ateniense donde se gestaba el conocimiento y la creación, hasta quienes sólo la ven sometida a las leyes de un mercado cada vez más competitivo, cruzan el debate que ya se instaló en el país sobre una reforma a la educación superior que algunos consideran está pendiente desde el regreso a la democracia.
La “chispa” la lanzó el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan José Ugarte, al esbozar una propuesta de cinco medidas que implican cambios profundos, entre ellos instalar por primera vez una institucionalidad que siente en la misma mesa a los planteles tradicionales y privados; modificar el sistema de financiamiento estatal y establecer un sistema único de créditos y becas con un “subsidio portable” para los alumnos, independiente de la institución en que estudien.
La iniciativa cayó como “balde de agua fría” en las universidades estatales. El rector de la Universidad de Chile y vicepresidente del Consejo de Rectores, Víctor Pérez, ante el mismo Presidente Sebastián Piñera y con protesta de los estudiantes de la casa de Bello incluida, calificó de “poco sensata” la forma en que se lanzó esta propuesta, a través de la prensa, y de paso expresó su rechazo a cualquier tipo de “privatización y mercantilización del sistema universitario”.
Sólo la sesión especial realizada en la Comisión de Educación de la Cámara, en que expuso el ministro de Educación, Joaquín Lavín, vino a poner paños fríos a una polémica que amenazaba con escalar. Por lo pronto, el propio Lavín dejó claro que se abriría un diálogo con los distintos actores del sistema para recoger opiniones sobre las políticas por implementar. “Fue una reunión muy provechosa. Lo que aquí ha sucedido es que se han puesto ideas para la discusión y los estudiantes, los académicos, los diversos planteles están siendo convocados para que puedan hacer sus aportes”, comentó el diputado Sergio Bobadilla (UDI), presidente de la comisión, quien rechazó que se pretenda aplicar lineamientos sin consulta y destacó que el ministerio ha ofrecido una mesa de trabajo a las universidades estatales.
La disyuntiva
Pero las aguas están lejos de aquietarse. “Estamos de acuerdo en que debemos introducir cambios al sistema, pero no pueden hacerse entre cuatro paredes. Hay que entender que las universidades estatales son la mejor garantía para entregar ciertos bienes públicos que hoy no provienen de las privadas como investigación, desarrollo, innovación y programas de posgrado de calidad. El talón de Aquiles de nuestro sistema de educación superior está aquí, lo dice la OCDE, y las universidades privadas más bien se limitan a entregar títulos profesionales”, afirma el diputado Gabriel Silber, uno de los promotores de la sesión especial. Desde las universidades estatales no se niega el aporte de las privadas, pero se insiste en que el Estado debiera tener lo que llaman un “nuevo trato” con sus instituciones. Desde las universidades privadas se les acusa de querer mantener privilegios y no entrar en competencia.
Juan Manuel Zolezzi, presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la Universidad de Santiago -reelecto el 7 de julio con un 61,4% de los votos para dirigir los destinos de esa casa de estudios por los próximos cuatro años- dice que “hemos estado durante casi tres décadas compitiendo en el mercado de la educación y no le tememos a ello, pero lo hacemos con las manos amarradas y los ojos vendados. Durante todo este tiempo se han disminuido los aportes del Estado y no hemos tenido la flexibilidad para poder competir con el resto de las instituciones en las mismas condiciones”. Sin embargo, Zolezzi dice que prefiere creer que no se está pavimentando el camino hacia la privatización total del sistema universitario. En ese sentido, valora el ofrecimiento de una mesa de trabajo por parte del Mineduc, aunque recalca que “si estas propuestas se concretaran, estaríamos en clara desventaja porque las universidades estatales exhiben un gran deterioro, un gran daño que viene desde hace muchos años y esto sería condenarlas a la eliminación total y a esperar su fin”.
¿Qué debe hacer el Estado con sus universidades, entonces? El rector de la USACh es claro. “Pedimos que como dueño se haga cargo de sus instituciones, que dé mandatos definidos y orientaciones claras, pero también que entregue los recursos para que subsistan. Queremos ver preocupación y un trato adecuado”.
En ese punto, el diputado Silber señala que las universidades estatales tienen un modelo de gestión y un marco regulatorio que les impide competir en igualdad de condiciones con el sector privado porque, por ejemplo, no pueden endeudarse más allá de los cuatro años del período presidencial y todas sus acciones están sujetas a la Contraloría General de la República. “El Estado no nos ha aportado con nada para reparar los daños del terremoto y se nos está pidiendo que nos endeudemos por 20 años para eso, cuando nosotros venimos pidiendo esta posibilidad desde hace mucho tiempo para nuestros proyectos de largo plazo en infraestructura y equipamiento, no para algo coyuntural como el terremoto”, afirma Zolezzi.
La réplica de las privadas
A su vez, las universidades privadas dicen sentirse “discriminadas” por los recursos que entrega el Estado directamente a las universidades del Consejo de Rectores, como a los alumnos que estudian en ellas, por la vía de condiciones más ventajosas para el acceso a créditos y becas.
El rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, dice que “lo que ha ocurrido en las últimas semanas es un trato inaceptable y peyorativo hacia el sector privado por parte de algunas universidades del Estado que quieren ocultar la realidad: que hoy más del 50% de los jóvenes de entre 18 y 24 años estudian en alguna institución privada, sea universidad, instituto profesional o centro de formación técnica”. Asegura que “el crecimiento de la matrícula de educación superior, del cual todos sentimos orgullo, se ha hecho con un esfuerzo que mayoritariamente viene del sector privado, pero no es reconocido”.
En materia de becas y crédito, Covarrubias afirma que existe “una odiosa discriminación hacia los jóvenes y sus familias que, estando en igualdad de condiciones intelectuales, tienen acceso a ayudas con tasa de interés muy diferentes. Aquí hay más de 380 mil estudiantes que son ciudadanos de segunda categoría”.
El rector de la Universidad de Chile tuvo palabras duras para las instituciones privadas. “Hay muchas universidades acreditadas que realizan docencia de mala calidad y ninguna investigación, hay instituciones que aparecen en las páginas de negocios porque se compran y venden en cifras millonarias, y otras, en las páginas judiciales en estos días por un gran negocio con becas. Pretender que las universidades con tradición son iguales a ese tipo de instituciones y por tanto iguales al momento de ser consideradas por el Estado es impensable y supone una afrenta” dijo en el discurso con que asumió la rectoría por un nuevo período, resumiendo, las críticas de los detractores del sistema privado.
Según la legislación vigente, las universidades privadas deben ser instituciones sin fines de lucro, es decir, deben destinar todos sus excedentes íntegramente al desenvolvimiento de su misión. En ese sentido, la diputada PPD María Antonieta Saa dice que “es un secreto a voces que muchas universidades tienen lucro, pues a través de las inmobiliarias realizan un negocio encubierto que les permite tener ganancias. ¿Por qué no somos sinceros y transparentamos esto? Lo que ocurre hoy es un chiste, una burla. Que sean negocio si quieren serlo y que paguen impuestos”.
El rector de la Universidad Mayor asegura que su institución no está vinculada a este tipo de negocios con inmobiliarias “pero más allá de eso, es sano poner el tema en la discusión y por eso es importante generar una nueva institucionalidad”. Señala que “aquí hay una suerte de temor a hablar del lucro en la educación. El lucro en sí no tiene nada de malo, en la medida en que las universidades que tengan lucro desarrollen bien su actividad, formen bien a sus profesionales y tengan tasas altas de empleabilidad en sus egresados, además de indicadores de calidad adecuados. Lo que interesa es la capacidad y calidad del producto que se está formando”.
A juicio de Covarrubias, debiera permitirse la existencia de universidades con fines de lucro, tal como existe hoy en los institutos profesionales o centros de formación técnica.
SUBSIDIOS ESTATALES
El sistema universitario chileno está compuesto por 33 universidades privadas y 25 universidades tradicionales agrupadas en el Consejo de Rectores. Esta última entidad abarca las universidades estatales y particulares más antiguas del país, además de todas aquellas que se crearon en la década del 80, como la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (ex Pedagógico), a partir del desmembramiento principalmente de la Universidad de Chile. Un total de 576.600 estudiantes se matricularon el 2009 en el sistema universitario en carreras de pregrado, 53,3% en instituciones del Consejo de Rectores y 47,4% en las privadas.
Las universidades del Consejo de Rectores, sean particulares o estatales, reciben recursos del Estado por la vía del aporte fiscal directo (AFD) -un subsidio de libre disponibilidad asignado en 95% conforme a criterios históricos y el 5% restante de acuerdo con indicadores anuales de eficiencia- y el Fondo de Desarrollo Institucional. El aporte fiscal indirecto (AFI), en cambio, se distribuye en todo el sistema de acuerdo a la capacidad de las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica de matricular a alumnos que estén entre los 27.500 mejores puntajes de la PSU cada año.
En cuanto a las ayudas estudiantiles, existe el Fondo Solidario destinado a los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores que otorga préstamos con recursos públicos a una tasa de interés del 2%, a 15 años máximo, que se comienza a pagar dos años después del egreso y se cancela sólo el 5% de los ingresos obtenidos el año anterior. Para los alumnos de universidades privadas, institutos profesionales o centros de formación técnica existe el crédito con aval del Estado, con recursos provenientes de bancos a tasas que fluctúan entre 6 y 7%, dependiendo del plazo de pago que puede ser de hasta 20 años. Se comienza a pagar a los 19 meses de haber egresado y se puede aplazar hasta 12 meses si hay cesantía.
CONFECH EN ALERTALas federaciones estudiantiles de las universidades del Consejo de Rectores, que integran la Confech, rechazaron en forma unánime las propuestas esbozadas por el Mineduc, postura que comunicaron en una reunión que sostuvieron con el jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte. Señalaron que estas políticas “apuntan a profundizar las actuales inequidades del sistema universitario y sólo pretenden entregar mayores recursos a los empresarios que hoy lucran con la educación”.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Julio Sarmiento (en la foto), recalcó que darán la pelea para evitar que estos anuncios se concreten porque “un consejo de instituciones acreditadas, como se propone, daría mayoría a las universidades privadas que no necesariamente se orientan hacia el bien común, sino que responden a intereses mercantiles, a la vez que pondría en la misma mesa a rectores elegidos por sus pares con administradores designados por empresarios”.
Si bien admite que hay universidades privadas que pueden tener vocación pública y calidad, asegura que esto “conducirá a financiar más el lucro, disfrazado de emprendimiento, y a subsidiar proyectos ideológicos como el de la Universidad de Los Andes, que nada tienen que ver con lo que se considera una universidad pública, abierta y democrática”, dice Sarmiento.
En materia de ayudas estudiantiles, precisó que “lo que se quiere es extender a todos el sistema de crédito con aval del Estado, eliminando el fondo solidario, entregándole un rol más preponderante a los bancos y dejando un montón de estudiantes pobres endeudados. Nosotros insistimos en la necesidad de establecer un arancel diferenciado, en que cada uno pague de acuerdo a los recursos que tiene”.
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