La última reforma a la educación superior fue la de los ’80, respondiendo a un modelo de liberalización económica que se implantó durante el régimen militar. Para llevarla a cabo fue necesario el debilitamiento y fragmentación de las universidades de Chile y Técnica del Estado, junto con la creación y fortalecimiento de instituciones privadas con pocas regulaciones y escasas exigencias de calidad. En este nuevo orden de cosas no constituyó un deber del Estado el aseguramiento ni la regulación de la calidad de la educación, favoreciéndose la segmentación del sistema educativo y permitiendo el surgimiento de universidades como proyectos ideológicos de grupos económicos y religiosos. Desde los ’90, ha habido diversos intentos de recuperar, estudiar y pensar el sistema de educación superior, pero hasta ahora ha sido imposible formular las condiciones para la existencia real de un sistema de educación superior distinto del que preserva las premisas económicas e ideológicas instauradas con la reforma del 80.
Para 2020, el grupo etario entre los 18 y los 24 años tendrá acceso al sistema y el gasto destinado en educación se duplicará, de acuerdo con las proyecciones de diversos organismos (Unesco, OCDE). Pero éstas no nos dicen a qué tipo de educación se tendrá mayor acceso ni de qué manera se van a distribuir estos recursos. Las definiciones corresponderán principalmente al nuevo gobierno y hay que leer el programa presidencial de Sebastián Piñera para ver hasta qué grado existe la voluntad política de impulsar estas necesarias transformaciones y analizar las relaciones de poder para reconocer la dirección en la cual se alinearán sus propuestas.
