Juan Eduardo García-Huidobro, quien presidiera el Consejo Asesor de Educación que Bachelet convocó tras la revolución pingüina, estima que la LGE no enfrenta lo central: mayor igualdad. Cree que a los cien metros planos de la educación “unos siguen entrando con zapatillas de clavo y otros con bototos” y que la LGE tiene posiciones de derecha mucho más duras que las expresadas en el Consejo.
García-Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, se hizo famoso en 2006 cuando la presidenta Bachelet le encomendó presidir el Consejo Asesor Presidencial de Educación (CAP). Se trató del primer ejemplo de “gobierno ciudadano” que Bachelet tuvo que improvisar tras el crudo develamiento que los estudiantes secundarios hicieron de la crisis que atravesaba la educación chilena.
El Gobierno recibió el informe final del Consejo y lo transformó en la base del proyecto de ley que reemplazaría a la LOCE. Pero algo ocurrió entre medio. El proyecto se negoció con la derecha y hasta ahí llegó la participación. Los mismos que el CAP buscaba superar terminaron sacándose fotos con las manos en alto y anunciando el nacimiento de un “sólido acuerdo”. Era la LGE.
A dos años y medio del término del CAP el Senado aprobó la LGE y hoy Juan Eduardo García-Huidobro, hace un crítico análisis de lo ocurrido tras la revolución pingüina y evalúa el resultado del parto, la LGE, esa guagua que hoy nadie quiere mirar y de la que nadie reclama total paternidad.
El CONSEJO Y LA LGE
¿Qué tanto se aleja la LGE de las conclusiones del CAP?
- Es difícil la respuesta, porque en su informe final da cuenta de un conjunto de posiciones. Hay puntos de vista muy contrarios a la ley que se acaba de aprobar y otros muy coincidentes. En el fondo con la aprobación de esta ley, que desde mi visión no es un avance para Chile, no estamos cambiando nada relevante en la educación. Además, cuando hay tanta negociación parlamentaria y cupular es complicado saber si se ajusta a lo que piensan los chilenos. Pero de la elite que opina en educación hay una buena parte que está de acuerdo.
Pero el CAP fue la cristalización institucional que el gobierno le dio a un movimiento mayoritario por mejor educación. A esa mayoría esta ley no le gusta…
- Mientras uno más se mete y más vueltas le da a las movilizaciones de 2006, se da cuenta de que detrás de ella hay básicamente una demanda por igualdad. Durante 25 años el esquema de mercado nos produjo una educación tremendamente segmentada y desigual. Cuando los secundarios se rebelan contra eso no lo hacen contra una calidad abstracta, se están rebelando al hecho de que hicieron un esfuerzo brutal para llegar y terminar su educación media y se encuentran con que los que vienen de un colegio pagado tienen muchísimas más opciones de acceder a la universidad. Ese es el meollo del cuento. Eso suponía tener una reestructuración del orden educativo y su modo de regulación que nos devolviera a una educación más igualitaria, en la cual la educación que cada uno y una recibe sea por ser ciudadano y no por el hecho de que mi papá tiene para pagar y el tuyo no. Eso, que era la base del cuento, no se enfrentó.
“El sistema escolar (chileno) está estructurado conscientemente en clases sociales”, fue la lapidaria frase que nos dedicó la OCDE. ¿Con la LGE todavía nos la merecemos, verdad?
- La segregación educacional se produce por tres cosas. Uno: la elección de los padres de la escuela. Dejémosla, ha existido siempre y tiene elementos virtuosos desde el punto de vista democrático. Dos: la elección de alumnos por parte de las escuelas, el tema de la selección, que esta ley debía sacar pero que finalmente sólo reduce y deja una ancha puerta para la selección por motivos del proyecto educativo. Y tres: el financiamiento compartido, que tampoco se toca y que uno esperaba que esta ley suprimiese. Entonces, es una ley que si bien tiene, entre comillas, el mérito de superar a la LOCE en algunas cosas, no supera el modo de regulación de la educación mercantil que tenemos.
¿No trae entonces mayores niveles de igualdad como dice el gobierno?
- Fortalecer las exigencias para ser sostenedor, generar una superintendencia para que no puedan haber elementos excesivamente malos en el sistema y generar una agencia de aseguramiento de la calidad, son mecanismos que suprimen determinados excesos del mercado pero que no suprimen el mercado. La lógica neoliberal en políticas sociales se mantiene inalterable. Eso, que no es tan tremendo en otro tipo de políticas que efectivamente se logra regular, en educación es mucho más complicado. Porque el mercado solamente es legítimo si hay un mecanismo de entrada igualitario. Si tenemos entonces un sistema que no provee igualdades básicas y unos entran con zapatillas de clavo y otros con bototos a la carrera de los cien metro planos, el mercado que viene después es ilegítimo.
¿Es posible mejorar el sistema con el mismo trato y financiamiento hacia los colegios que seleccionan y los que no pueden hacerlo, como establece la LGE?
- Se ha insistido mucho con el tema de la igualdad de trato. Es una bonita palabra y tiendo a coincidir con ella. Me parece que siempre que hablamos de igualdades está bien. Pero tiene que haber una adecuación con la igualdad de obligaciones. Deben ser tratados igual los que tienen las mismas obligaciones. Planteado así el Estado no puede renunciar a darle educación a todos, cualquiera sea su situación. Por eso en algún momento el órgano del Estado que administra la educación debe tener un plus. En Chile hay miles de niños que desertan antes de octavo básico. Para combatir eso se requiere un determinado financiamiento que es mayor a la igualdad de todos.
EL LUCRO SE MANTIENE
¿Y no es acaso cuestionable que siga siendo el lucro lo que articula el pacto sobre el cual se establece la cooperación que los privados dan al Estado en materia de educación?
- Hay dos maneras de plantear el problema. Una es decir ‘esto es mercantil porque produce lucro’. La otra es decir ‘esto es mercantil porque la educación se distribuye de acuerdo a la capacidad de compra de las personas’. A mí personalmente el punto que me preocupa es el segundo, no el lucro. Es lo mismo que pasa en cualquier otra profesión. Es bueno que entren los privados, porque eso le da al sistema diversidad. El margen de lucro está fundamentalmente situado en la eficiencia administrativa, no hay mucho más. El problema acá es que se da lucro y financiamiento compartido. Vale decir, unos entregan 1 y reciben 1, y otros entregan 1 y reciben 2,5. Ahí se produce el lucro, porque le pongo nombre inglés al establecimiento, porque logro que haya gente “bien”. El mercantilismo está más asociado al pago extra de la familia que al lucro.
Pero si tenemos garantizada constitucionalmente la libertad de enseñanza, que para muchos es en realidad libertad de empresa, pero no así el derecho a la educación. ¿No es desde ese punto de vista el lucro un problema?
- Me parece que formalmente el derecho a la educación está garantizado. Pero se omite un punto central, que es que en el caso de las escuelas debe existir una libertad de empresa regulada, porque estamos hablando de un bien público. Porque así como no permitiríamos que en Santiago se construyeran diez aeropuertos, es obvio que tampoco queremos más escuelas que alumnos. Desde el 2000 se ha venido multiplicando el número de sostenedores pero ha disminuido el número de alumnos, entonces tenemos cada vez escuelas más chicas y caras y cada vez más demanda al Estado. Entonces es obvio que tiene que haber un sistema de regulación, eso lo discutimos en el Consejo pero desgraciadamente sin la profundidad que requería. Hay muchos sistemas en el mundo, pero no puedes dejar el sistema a merced de este canibalismo en el cual las escuelas se roban entre sí la matrícula y funcionan todas a media máquina.
LA DISCUSIÓN EN VANO
¿No piensa que el trabajo del CAP finalmente no fue todo lo determinante que se quería en el marco de un gobierno ciudadano debía ser?
- Yo no me siento defraudado por lo que pasó. Nunca fue posible imaginar algo muy distinto dadas las tensiones y el enorme caudal de intereses que cruzan la educación. Pero la LGE, que no me deja para nada contento, no es el único resultado. El Consejo Asesor fue parte de un movimiento que inician los secundarios y que permite el comienzo de una discusión educacional que no habíamos tenido nunca en Chile. Entre el ’90 y el 2006 no se había puesto nunca en cuestión el modelo de regulación que teníamos. Y ahora si bien la ley lo mantiene, ciertamente hay una discusión mucho mayor que antes.
OK, pero el cuestionamiento lo pusieron los estudiantes, no el consejo. ¿Qué valor tiene la discusión del CAP si la incidencia final no fue la que incluso usted deseaba?
- Nunca pensé, y en eso la presidenta fue muy clara, que el Consejo fuese en lo más mínimo co-legislador. Lo que se nos pidió fue entregar un conjunto de sugerencias. Si los que ahí estábamos, que se supone representábamos a la sociedad chilena, hubiésemos logrado mayores niveles de consenso y a través del CAP hubiese quedado prefigurado lo que Chile pensaba en educación, por supuesto su nivel de incidencia hubiese sido muy alto. En definitiva, me parece que el CAP expresó bien lo que pasaba, y que lo que uno podría ver como un fracaso más bien es un muy buen reflejo de la falta de acuerdos que tenemos como país.
Los estudiantes previeron esto y advirtieron que la composición del CAP no era un reflejo de Chile sino que una especie de cuoteo político. A dos años de terminado el CAP, ¿no cree que tenían razón?
- Volvemos un poco a la pregunta inicial. Yo tengo gran duda de que el sistema político que tenemos, que está en crisis, esté siendo expresivo de las visiones y sentires más profundos de la población. Yo creo que ahí tenemos un problema que se expresa en educación pero también en muchas otras cosas. Ahora, teniendo en cuenta eso, creo que el CAP tuvo al virtud de expresar las posiciones una delante de otra. Y si tú ves las posiciones de la ley y las del CAP, te puedes dar cuenta de que aún la posición más de derecha del CAP estaba harto más matizada y yo diría porosa hacia otras opiniones, que las posiciones de la LGE.
¿Y cómo evalúa a la ministra Mónica Jiménez al mando del MINEDUC? Ayer se puso a llorar por Chile defendiendo la LGE?
- Mira, yo no voy a hacer declaraciones sobre personas cuando lo que hay que discutir son ideas. Es complicado cargarle la mano a la actual ministra cuando todo lo que está haciendo está precedido por lo que hizo su antecesora. El acuerdo con la derecha se hizo con la ministra Provoste, es su responsabilidad. A Mónica Jiménez el gobierno le encomendó negociar un proyecto y es lo que está haciendo. No tengo mucho más que decir.
Por Francisco Figueroa Cerda
El Ciudadano
No hay comentarios:
Publicar un comentario